¡El debate más relevante de estos últimos meses ya ha empezado!
La Comisión Europea presentó el pasado 14 de marzo su propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, iniciando así un debate que nace en respuesta a los insólitos precios del año pasado y la necesidad de garantizar la seguridad energética.
Ahora bien, esta reforma también pretende atajar una de las cuestiones más importantes del momento: mejorar el diseño del mercado europeo de la electricidad para fomentar las inversiones necesarias para una transición rápida y fluida hacia la neutralidad climática.
En esta edición vamos a tratar de desglosarla y traducirla para que la próxima vez que leas un periódico u oigas hablar de ella en la televisión sepas de qué hablan y cómo te afecta a ti.
¡Vamos a ello!
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El debate sobre la reforma del mercado eléctrico lleva abierto durante meses y la cuestión gira en torno a cómo hacer para que el mercado eléctrico refleje mejor las ventajas de la generación renovable al mismo tiempo que se garantiza una gestión eficiente del mix energético y la promoción de la inversión.
Made in Spain: una reforma para sacudir los cimientos
España presentó a principios de enero una propuesta de reforma propia (algo bastante común a nivel europeo ante nuevos desarrollos legislativos) que proponía una profunda transformación del modelo actual.
En su propuesta, el Gobierno español defiende desvincular las energías inframarginales (aquellas que no suele fijar el precio de la electricidad en el mercado mayorista) del mercado marginalista.
Así, el modelo propuesto por España consistiría en cerrar contratos por diferencia (CfDs, por sus siglas en inglés) a largo plazo —obligatorios para la energía hidráulica y nuclear, y optativos para la renovable— que serían gestionados directamente por el regulador estatal.
¿Contratos por diferencia? No te preocupes que te lo traducimos:
Los contratos por diferencia (CfDs) permiten al regulador estatal fijar la venta de energía a un precio determinado durante varios años para garantizar unos ingresos estables al generador. Además, en el caso de las energías renovables, el objetivo es dar una alternativa más para el despliegue de estas tecnologías.
No obstante, y a diferencia de los contratos de compraventa de energía o PPAs, el precio a pagar por los consumidores no siempre es el mismo, ya que si el precio de mercado es inferior al acordado, el regulador paga la diferencia al generador y repercute el coste a todos los consumidores.
Por el contrario, si el precio de mercado es superior, la eléctrica paga la diferencia al regulador y este utiliza esos ingresos para bajar la factura de todos los consumidores.
Si todavía no lo tienes claro, te dejamos aquí una gráfica simplificada a modo de ejemplo:
Elaboración propia a modo de ejemplo. La gráfica no está basada en precios reales.
Para la nuclear e hidráulica ya existentes propone CfDs obligatorios con un incentivo por disponibilidad, promoviendo su activación en los momentos en los que el mercado diario es más caro.
Por otro lado, se propone cerrar contratos de capacidad a largo plazo para tecnologías marginales y de almacenamiento —como las centrales de ciclo combinado y las centrales hidráulicas de bombeo.
Dentro de este esquema, se mantendría el mercado marginalista como medio para asegurar una gestión eficiente de la operación a corto plazo, pero en la práctica se eliminaría la contratación bilateral entre las empresas comercializadoras y los consumidores —es decir, los precios fijos—, que es el pilar de la compraventa de energía en España, como ya te contamos en esta edición anterior.
Entonces, ¿qué precio final pagaría el consumidor con esta propuesta?
Dependiendo de las tecnologías necesarias para cubrir la demanda de energía cada hora, el precio medio a pagar sería diferente.
Si la demanda puede cubrirse totalmente con energías renovables y nuclear saldría un precio medio más bajo que si necesita cubrir, por ejemplo, el 20% de esa demanda con ciclos combinados de gas.
El Estado reparte precios medios entre los consumidores y los anuncia cada año, en base a sus prioridades. Por ejemplo, si la prioridad ese año es fijar población en la España vaciada, a los agricultores les incentiva dándoles unos precios más bajos. Y al año siguiente, el Gobierno puede detectar que hay un riesgo de deslocalización del sector cerámico y cambiar el descuento a los agricultores por un descuento a los azulejeros.
Lo importante, es que el coste de esta rebaja sobre el precio medio a los agricultores o azulejeros supone un incremento de precios para el resto de los consumidores (domésticos e industriales) que tienen que compensar la diferencia.
Una propuesta sin muchos apoyos
La reforma propuesta por el Gobierno español no ha sido bien recibida por las empresas energéticas ni las asociaciones empresariales nacionales y europeas. Las principales asociaciones vinculadas al sector energético español han manifestado su oposición a la propuesta.
Entre las numerosas críticas a la propuesta del Gobierno español destacan el posible impacto en la confianza de las empresas para acometer nuevas inversiones (necesarias para la transición energética), así como por la pérdida de libertad de eleccióny flexibilidad de contratación de los consumidores. La razón es que la libertad de contratación bilateral sería sustituida por las decisiones centralizadas del Gobierno de turno en nombre de los consumidores.
Además, existía oposición a la dependencia de los costes energéticos de las decisiones del Gobierno y la imposición de decisiones centralizadas de los Gobiernos en nombre de los consumidores.
Made in Germany: una reforma, que no ruptura, ampliamente respaldada
Además de organizaciones, bastantes países europeos también son críticos con la propuesta española y defienden reformas más moderadas y continuistas con el modelo de mercado actual. En este sentido, 7 países (Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos) presentaron una carta conjunta en febrero en la que recogían sus argumentos.
Entre ellos destacan la defensa de la consolidación del mercado interior europeo —por su eficacia probada los últimos 20 años—, la importancia de las señales de precios, la necesidad de crear un clima inversor atractivo para el desarrollo de renovables, y de proteger a los consumidores, entre otras cuestiones.
Consideran que la reforma de mercado no debe poner en peligro los esfuerzos de descarbonización y el buen funcionamiento del mercado de la electricidad, que debe ser específica (targeted) y contar con un análisis de impacto.
Además, en la carta conjunta se recoge la necesidad de asegurar el comercio transfronterizo como elemento fundamental para la seguridad de suministro, así como incrementar la resiliencia ante crisis externas (a través de mercados de plazo, PPAs).
También destacan mejorar la protección a los consumidores (dándoles la opción de elegir entre precios variables y fijos) y la protección en caso de insolvencia del comercializador,
Por último, recogen la necesidad de eliminar las barreras de entrada a nuevos agentes como autoconsumidores o comunidades energéticas, y rechaza que las medidas de intervención sean un elemento permanente del diseño de mercado.
Made in Europe: una reforma de consenso y centrada en el largo plazo
Después de escuchar a los Estados miembros y a los agentes sociales y empresariales, la Comisión Europea, el pasado 14 de marzo presentó su propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo.
Los elementos más destacables de la reforma son una clara apuesta por los contratos a largo plazo, la conservación del mercado marginalista, y la ampliación de los derechos de los consumidores, todo en línea con las reclamaciones de la mayoría de los países europeos.
Mejorar el mercado actual en vez de acabar con él
La Comisión no propone alterar el modelo actual de mercado marginalista y contratos bilaterales, ya que considera que es la forma más eficiente para asegurar que las tecnologías más baratas y limpias son activadas primero y, además, garantizar la libertad de elección y el comercio de electricidad entre Estados miembros, los cuales han sido claves para mitigar el aumento de los precios.
Ahora bien, la Comisión propone dar mayor importancia a los contratos a largo plazo como los PPAs para reducir la volatilidad de los precios y ofrecer mayor estabilidad a los consumidores y los CfDs voluntarios, a la vez que se garantiza un marco adecuado para la inversión en producción renovable.
En relación a los CfDs, son de carácter voluntario. La Comisión propone que estos sean obligatorios únicamente para las inversiones en nuevas capacidades renovables o nucleares que cuenten con financiación pública. Es decir, cualquier nuevo proyecto renovable que cuente con apoyo público, deberá vender su electricidad mediante un CfD que limite la volatilidad y ofrezca al consumidor precios estables.
Preparados para la próxima crisis
La Comisión quiere asegurarse de que los Estados miembros cuentan con las herramientas necesarias para responder ante crisis como la que hemos vivido estos meses. Para ello, y a fin de asegurar mayor transparencia y garantías, se define por adelantado lo que se puede considerar una crisis energética, y se recoge la posibilidad de intervenir el mercado sólo en aquellas situaciones que:
El precio mayorista se sitúa por encima de, al menos, 2,5 veces la media de los últimos 5 años.
Se producen fuertes subidas en el precio minorista de, al menos, el 70%.
Se espera que ambas situaciones duren, al menos, 6 meses.
En estos supuestos, los Estados estarán facultados para subvencionar temporalmente hasta un 80% del consumo de la electricidad de los hogares y 70% de las pequeñas empresas, a fin de que los altos precios también promuevan una reducción del consumo.
Una versión similar de este modelo de subvención del consumo eléctrico ya se implantó en Alemania a principios de año para hogares e industria, pero tiene un enorme coste fiscal, ya que es el Estado quien lo financia.
Más derechos y más protección para los consumidores
El aumento del autoconsumo en España durante 2022 ha sido espectacular, duplicando las cifras de capacidad instalada en 2021. Ahora la Comisión quiere asegurarse de que más consumidores disfrutan de los beneficios de este modelo.
En su reforma, la Comisión recoge la posibilidad de compartir la energía autogenerada excedentaria en base a acuerdos privados con otros consumidores limítrofes, incluso de manera remunerada, sin necesidad de crear figuras jurídicas adicionales como las comunidades energéticas.
Ahora bien, la Comisión también deja claro que la energía compartida debe pagar el coste por uso de la red, evitando así que el resto de los consumidores, sin autoconsumo, tengan que soportar estos costes de red.
Por otro lado, la propuesta introduce la obligación de los proveedores eléctricos de ofrecer más información sobre las ventajas y los riesgos de los distintos tipos de contrato, a fin de garantizar que los consumidores conocen bien sus opciones y pueden tomar mejores decisiones.
Además, la Comisión propone dar a los consumidores la posibilidad de combinar libremente contratos fijos y flexibles de electricidad con diferentes proveedores. Así, los consumidores podrán optar por contratos variables que ofrecen precios muy bajos por la noche para, por ejemplo, cargar su coche eléctrico; a la vez que contratan su consumo ordinario a precio fijo.
Por último, la CE también impone una serie de obligaciones a las empresas comercializadoras, tales como ofrecer a los consumidores contratos a precio fijo de duración de al menos un año, que las comercializadoras tengan coberturas de energía para garantizar que van a poder hacer frente a los compromisos adquiridos con los clientes por mucho que suban los precios de la energía, más medidas de protección para los consumidores (especialmente para aquellos más vulnerables), etc.
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Una respuesta ambigua, pero mayoritariamente favorable
Varios Estados miembros ya se han pronunciado sobre la propuesta de reforma de la Comisión y, si bien exigen aclarar importantes matices en relación a cuestiones como la distribución de los ingresos en los CfDs entre los consumidores, la mayoría de valoraciones son generalmente positivas.
Aquellos países que proponían reformas más profundas, como España o Francia, han valorado positivamente la propuesta; otros como Austria, todavía exigen mayor desvinculación entre el precio del gas y el precio final de la electricidad.
Una vez presentada la propuesta, el siguiente paso es la negociación con el Consejo de la UE (Estados miembros) y el Parlamento Europeo, que analizarán la propuesta de la Comisión y presentarán sus posicionamientos al respecto.
Algunos países quieren cerrar la negociación este otoño, antes de la siguiente temporada de frío y en plena Presidencia española del Consejo. Tratar de cerrar una reforma como esta en tan poco tiempo es difícil, y poco recomendable —aunque no es imposible. No obstante, otros países asumen que tocará esperar, al menos, hasta las elecciones europeas de 2024.
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El cambio climático ya está aquí y la ciudadanía empieza a sentir sus efectos. Sin acciones de mitigación y adaptación urgentes, efectivas y equitativas el cambio climático amenaza cada vez más los ecosistemas, la biodiversidad y los medios de vida, la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras (IPCC, 2023).
En este contexto, ciudadanos y políticos, representantes de la gran mayoría de la sociedad española, lanzan un manifiesto proponiendo un Acuerdo de País para la Adaptación al Cambio Climático.
A principios de 2023, tras consultaros y contar con vuestro apoyo unánime, Talento para la Sostenibilidad también se adhirió al Pacto País para la Adaptación al Cambio Climático.
Ya puedes aplicar al programa Jóvenes Innovadores por el Climaen el marco del Congreso Innovate4Climate (I4C). Esta iniciativa pionera busca la participación de más de 100 estudiantes de pregrado, posgrado y jóvenes profesionales menores de 35 años comprometidos con la acción climática.
La fecha límite para solicitar la participación es el 21 de abril y el programa tendrá lugar en el Bilbao Exhibition Center de Bilbao el próximo 22 de mayo, aunque también será posible la asistencia virtual.
Tiene 21 años. Está terminado Global Studies en Salamanca y le interesan temas como los derechos humanos, la economía circular y la diplomacia. Aún no tiene claro en qué se va a especializar, pero le encanta compartir opiniones y aprender en sus áreas de interés.
Su objetivo a corto plazo es aprender sobre sostenibilidad en el ámbito empresarial. Quiere emprender y crear una empresa sostenible con unos compañeros de Erasmus del área de ADE internacional. El proyecto está más o menos diseñado, pero necesita más investigación y buscar financiación suplementaria.
¿Por qué te uniste a Talento para la Sostenibilidad?
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