Una Presidencia española que apueste por la transición energética que la juventud necesita
6 meses cruciales para acelerar la transición energética
El debate de la semana
El 1 de julio empezará la presidencia Española del Consejo de la UE, una posición que permitirá a España definir la agenda legislativa de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023.
Ante el contexto de avance del paquete #Objetivo55 y el Pacto Verde Europeo, la presidencia Española puede convertirse en el sprint final para marcar el camino hacia los objetivos climáticos para 2030 y 2050.
Por ello, queremos aprovechar esta edición para lanzar un posicionamiento con las prioridades de la juventud española en materia de transición ecológica, fruto del Estudio de Gases de Efecto Invernadero de la Economía Española que presentamos en 2022.
¡Empezamos!
Al 97% de la juventud española le preocupa mucho el cambio climático.
Sin embargo, el 85% de la juventud española considera que se está actuando poco o nada contra la emergencia climática.
Estos datos son devastadores y deben cambiar. Apostar por la transición energética ha dejado de ser solo una cuestión de ecologismo para convertirse además en una necesidad económica y geopolítica.
Ante la crisis desencadenada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se ha evidenciado la alta dependencia de Europa y España de los combustibles fósiles, y la necesidad de desvincularse de fuentes energéticas contaminantes de terceros países.
Para lograrlo, es necesario acelerar y fortalecer la electrificación de la industria, el transporte y los consumos energéticos en servicios y hogares, a partir de electricidad procedente de fuentes renovables.
Pero junto a esta transformación de las fuentes de energía hacia energías limpias y autóctonas, es necesario primar acciones que favorezcan por un lado el almacenamiento y, por otro, una mayor eficiencia energética que reduzca el consumo.
Una descarbonización efectiva de la economía
La solución a nuestra actual dependencia de las importaciones energéticas fósiles es clara; necesitamos una mayor inversión en energías renovables autóctonas para reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, a la vez que se incorporan los mecanismos necesarios para asegurar el suministro eléctrico.
No obstante, el objetivo final no es descarbonizar la electricidad —esa es la condición sine qua non— sino descarbonizar nuestras economías.
La reducción de costes que han experimentado las tecnologías fotovoltaica y eólica, junto con un aumento de los costes de emisión de CO2 y una escalada de precios de los combustibles fósiles importados, han hecho de la descarbonización el mejor aliado para la competitividad de las empresas europeas.
Recientemente, la Comisión Europea ha presentado su propuesta legislativa para reformar el mercado eléctrico, la cual comentamos en detalle en una edición de hace unas semanas. El objetivo de la misma es evidente: acelerar el despliegue de energías renovables y garantizar una energía asequible para los consumidores.
El debate legislativo ya está en marcha y durante la Presidencia española se producirán las negociaciones interinstitucionales de las que surgirá el texto final, por lo que España está llamada a garantizar un espacio de debate neutral para que la reforma responda a las demandas de la sociedad civil, la industria y la descarbonización.
Del acuerdo final dependerá la capacidad de Europa para atraer las inversiones necesarias para conseguir los objetivos de descarbonización europeos y lograr (o no) una mayor independencia energética.
Un impulso a las energías renovables y su almacenamiento
Más allá de la reforma del mercado eléctrico, es ineludible continuar apostando por las energías renovables y su almacenamiento a través de inversiones públicas y privadas, siempre de la mano del territorio, y velando por la protección y cuidado de la biodiversidad.
A fin de garantizar que los beneficios de las renovables lleguen a todos los rincones de Europa, debemos promover un despliegue ágil, adecuado y suficiente de las redes de transporte y distribución eléctrica, tanto entre países —interconexiones eléctricas— como dentro de cada país.
De otro modo, nos arriesgamos a que las redes actuales no sean capaces de dar respuesta a toda la generación y demanda de electricidad que se produzca a medida que descarbonicemos nuestras economías.
Además, a medida que avance el despliegue de renovables y como ya comentamos también en una pasada edición, el almacenamiento energético será imprescindible para garantizar la seguridad de suministro y la independencia de las importaciones fósiles.
Por ello, es esencial promover mecanismos que fomenten la inversión en tecnologías de almacenamiento, así como en investigación e innovación en este campo, haciendo hincapié en los sistemas de almacenamiento por bombeo.
El respaldo del Parlamento Europeo a esta tecnología es abrumador, y en 2020 votó a favor de un informe de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) que destacaba el potencial no aprovechado de este tipo de almacenamiento energético, que es neutro en carbono y altamente eficiente.
El fomento de estas medidas para independizarse de los combustibles fósiles supondría una revolución industrial verde en Europa, en la que la participación de la juventud es fundamental. Así, es clave promover la formación universitaria y profesional en instaladores que den respuesta a la enorme demanda de empleos verdes que surgirá.
Además, España debe liderar el debate y proponer medidas que atraigan inversiones a Europa, evitando la dependencia de otros países y fomentando la producción de tecnologías en territorio europeo.
Asimismo, es necesario asegurar que las propuestas de reforma en ayudas de Estado planteadas por la Comisión Europea no distorsionen el mercado interior, evitando problemas de competencia interna que se han tratado de solucionar en Europa durante años.
Reforma de la fiscalidad del sector energético
Para alcanzar la neutralidad climática establecida en el Pacto Verde Europeo en 2050, es necesario reformar la fiscalidad del sector energético de forma coordinada, tanto a nivel europeo como nacional.
La imposición de los diferentes productos energéticos debe reflejar su impacto ambiental, en particular, sus emisiones de gases de efecto invernadero, gases contaminantes y partículas sólidas a la atmósfera.
En este sentido, es fundamental que la Unión Europea aborde la reforma de la Directiva sobre la fiscalidad de la energía bajo el principio de “quien contamina paga”, complementando así las recientes reformas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
Además, debemos avanzar al mismo tiempo en España hacia una mayor y mejor fiscalidad ambiental que refleje las propuestas de la Comisión de Expertos para la Transición Energética a fin de que esta contribuya a: (1) mejorar las señales de precios a los consumidores, (2) garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético y (3) no suponer ni una pérdida de recaudación ni un incremento de la presión fiscal.
Así, la reforma de la fiscalidad de la energía debe ser coherente con la famosa Declaración de los economistas sobre los dividendos del carbono (entre los que figuraban 28 premios Nobel y personalidades que ocuparon y ocupan puestos de primer nivel en el Gobierno Federal), publicada en el Wall Street Journal en 2019.
En ella afirman que la descarbonización menos costosa para los ciudadanos se debe articular en torno a un impuesto sobre las emisiones de CO2, y un mecanismo de ajuste en frontera por carbono para proteger la competitividad de las empresas y promover la descarbonización a nivel global.
Los dividendos resultantes del nuevo gravamen deben, además, ser devueltos a los ciudadanos para hacer frente a los costes de la transición energética.
Por otro lado, se debe facilitar la transición al net-zero de las empresas intensivas en carbono, permitiéndoles adaptar su modelo de negocio a actividades menos intensivas. Sumado a esto, aquellas entidades atrasadas en esta transición deben perder todas las subvenciones y exenciones fiscales relacionadas con los combustibles fósiles.
Por último, es imprescindible implementar medidas para regular, limitar y desincentivar la financiación privada en combustibles fósiles de acuerdo con la taxonomía verde europea.
Implicación y concienciación de la ciudadanía
Para conseguir una transición energética justa y que cuente con el apoyo de la ciudadanía, es necesario que esta esté involucrada. La descarbonización no será posible sin un tratamiento especial para los colectivos vulnerables.
En primer lugar, es necesario integrar una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de gobernanza climática a través de asambleas ciudadanas, presupuestos participativos u otros mecanismos de participación.
Asimismo, la ciudadanía tiene en sus manos, a través del consumo, acelerar la tendencia hacia una economía más limpia. Por ello, se propone establecer a nivel europeo un etiquetado medioambiental a todos los productos, similar al etiquetado energético europeo recogido en el Reglamento 2017/1369, como una manera de proporcionar información adicional al consumidor final.
Igualmente, se recomienda elaborar un plan europeo específico de divulgación sobre la crisis climática para los medios de comunicación públicos (incluyendo redes sociales) y el sistema educativo reglado.
El objetivo es ofrecer información didáctica sobre las causas y consecuencias de la crisis climática y ecológica en la que estamos inmersos, y mediante la cual se haga un llamamiento a la acción colectiva.
Por último, a la par de la adopción y condición de esta senda de restricciones y prohibiciones de prácticas contaminantes contrarias a la transición energética, es imprescindible el impulso de una estrategia europea de ayudas que garanticen que nadie se quede atrás y que esta transición sea realmente justa.
En este sentido, el Fondo de Transición Justa y el recién aprobado Fondo Social para el Clima son buenos avances que deben ser complementados y reforzados para garantizar el apoyo a los sectores poblacionales y económicos más vulnerables en el proceso de descarbonización.
Un semestre para abordar grandes reformas
Como ves, queda mucho por hacer en el largo camino de la transición energética, pero durante la segunda mitad de 2023 tendremos una oportunidad especial para hacer llegar nuestras prioridades a las esferas políticas más altas de Europa.
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Gente con Talento 😎
Mariola Valderraín Navarro
Tiene 21 años, estudia Derecho y Ciencias Políticas en la UCM y Criminología en la UNED. Por si esto fuera poco, está desarrollando una empresa de intervención social y salud mental.
Tiene un perfil muy multidisciplinar y su verdadero interés es la construcción de ambientes inclusivos que sean sostenibles para las nuevas generaciones y resilientes contra la crisis climática.
¿Por qué te uniste a Talento para la Sostenibilidad?
Porque soy una comprometida con el medioambiente y el futuro del planeta desde hace años. Descubrí TxS en una newsletter de TPEF y tuve claro entonces que quería formar parte de este proyecto.
Unirme a TxS era una oportunidad para desarrollarme y aprender sobre cómo implementar la sostenibilidad como parte de la sociedad civil.
¿Cómo te gustaría participar en Talento para la Sostenibilidad?
Hace unas semanas me uní al equipo del Estudio de Gases de Efecto Invernadero de la Economía Española en 2022, y desde entonces me he centrado en analizar el seguimiento de las propuestas del estudio anterior por parte del Gobierno y el poder legislativo.
Tengo muchas ganas de presentar todas las conclusiones y datos que hemos analizado.
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Aprovecha este espacio para darte a conocer entre la Comunidad de Talento para la Sostenibilidad.
Es la oportunidad perfecta para presumir de todo el Talento Joven que albergamos y conocer a las personas que hacen de este, un proyecto del que estar orgulloso.
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¡Y hasta aquí la edición de esta semana!
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